La organización solicitó a Ecuador medidas urgentes para resguardar a operadores de justicia tras el asesinato de la fiscal Alexandra Bravo en Manta y pidió una investigación rápida, creíble e imparcial.
Human Rights Watch (HRW) instó este martes, 16 de junio, al Gobierno de Ecuador a adoptar medidas urgentes para proteger a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, tras el asesinato de la fiscal Alexandra Bravo ocurrido el pasado domingo en Manta, provincia de Manabí.
A través de un comunicado, la organización también exigió una investigación rápida, creíble e imparcial para esclarecer el crimen de la funcionaria, quien fue asesinada junto a su hermana.
HRW alerta sobre la situación de los operadores de justicia
La organización recordó que Bravo es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022 y destacó que la funcionaria trabajaba en casos relacionados con homicidios, secuestros y delincuencia organizada.
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, afirmó que el crimen refleja los riesgos que enfrentan quienes investigan estructuras criminales en Ecuador.
“El asesinato de la fiscal Bravo es una tragedia, pero lamentablemente no es un hecho aislado en Ecuador”, señaló.
Además, sostuvo que el Gobierno del presidente Daniel Noboa debe fortalecer el sistema de justicia y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para sus funcionarios.
Más de 20 funcionarios judiciales asesinados
Human Rights Watch citó cifras del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, según las cuales al menos 26 jueces, fiscales y otros trabajadores del sistema judicial han sido asesinados desde 2020.
La organización también recordó que otros dos funcionarios de la Fiscalía fueron asesinados durante mayo de 2026.
“Los jueces y fiscales en Ecuador suelen carecer de las herramientas y medidas de seguridad más básicas necesarias para investigar a los grupos del crimen organizado”, indicó HRW.
Proponen un sistema integral de protección
Entre las recomendaciones dirigidas al Estado ecuatoriano, Human Rights Watch planteó la creación de un sistema integral de evaluación de riesgos para jueces y fiscales.
Asimismo, pidió brindar protección efectiva a los funcionarios que enfrentan amenazas y cubrir más de mil vacantes existentes dentro del sistema judicial.
“Es poco probable que Ecuador logre poner fin a su espiral de violencia si no adopta medidas urgentes para proteger a los mismos funcionarios que investigan a los grupos criminales”, agregó Goebertus.
Persisten los desafíos de seguridad
El pronunciamiento de HRW se produce mientras Ecuador mantiene vigente la declaratoria de conflicto armado interno decretada por el Gobierno en enero de 2024 para enfrentar a las organizaciones criminales.
Pese a esa estrategia, el país cerró 2025 con 9.281 homicidios, una cifra récord que equivale a una tasa superior a 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de América Latina.
El asesinato de Alexandra Bravo ha reactivado el debate sobre las condiciones de seguridad que enfrentan jueces y fiscales encargados de investigar casos vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico.
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