La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga considera que la crisis por la que atraviesa el sistema penitenciario ecuatoriano inició en 2018 cuándo se eliminó en Ministerio de Justicia y debido a la falta de atención y de políticas gubernamentales integrales para seguridad y rehabilitación.
En entrevista para el programa Zoom Al Día, de Primera Plana, Zúñiga precisó que no es suficiente la designación de un perfil militar en la dirección del Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI), pues eso solo ayudará en algo, pero no en la totalidad de la crisis.
La exministra considera que el modelo de rehabilitación que sigue el país no cumple estándares de calidad porque se dejó sin efecto un modelo estructural que permitió mantener el 0,24% de hacinamiento en 2014 y manejaba dos aristas: seguridad y rehabilitación.
En el lado de la rehabilitación, dice Zúñiga, se debe considerar varias aristas como educación, salud, actividades culturales y deportivas, entre otras. “Esto permite que el privado de libertad tenga posibilidades de rehabilitarse”.
Añadió que no en todos los niveles de seguridad la rehabilitación es efectiva, por lo que el primer paso que se debe dar es iniciar un proceso de clasificación de los privados de libertad.
“No es el mismo plan de vida el de una persona que cometió una delito de alta peligrosidad a uno que cometió alguien de mínima peligrosidad. Hay que establecer las condiciones de rehabilitación de cada perfil”, sostuvo.
Según ella, dentro de la seguridad uno de los puntos clave es la formación de los guías penitenciarios para que estos sean calificados y cumplan parámetros específicos para entrar a cada uno de los pabellones, considerando temas como seguridad, condiciones de ingreso, horarios, entre otras.
“Nosotros creamos una tecnicatura en seguridad penitenciaria que no solo profesionaliza al guía sino que le mejora sus sueldos, porque eso es importante para que no caigan en presiones de los privados de libertad”, manifestó.
Añadió que es importante que el Estado tenga la voluntad y los recursos para establecer políticas de rehabilitación.
La exministra considera que también se debe trabajar en la prevención de la política criminal a través de la educación y garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, sin discriminación por raza o situación económica. “La justicia tiene que ser oportuna y dar sentencias, el 40% de las personas detenidas no tienen sentencia”, agregó.
También explicó que se debe invertir recursos para las mejoras en equipos tecnológicos que complementen la seguridad que brinda el talento humano de los centros de privación de libertad. Reconoció que el gasto para el Estado de mantener a una persona privada de libertad es “enorme” y cuesta alrededor de 15 dólares diarios.
“No se quiere fomentar la impunidad, el tema es que las sentencias se pueden tratar de diferente forma. Por ejemplo, por delitos menores se puede beneficiar de otras medidas como trabajo comunitario”, explicó Zúñiga.
Recalcó que es necesario que en país se vuelva a tener un Ministerio de Justicia para que se pueda articular acciones con otras instituciones para mejorar las condiciones de los más de 40.000 personas privadas de libertad.
