Mediante el Decreto Ejecutivo 424 el mandatario contempla la cooperación internacional en operaciones de seguridad y abre la posibilidad de indultos para militares, policías y civiles.
El presidente Daniel Noboa ratificó este jueves, 18 de junio, la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. Mediante el Decreto Ejecutivo 424, el mandatario establece mecanismos de cooperación internacional para acciones de seguridad y contempla la posibilidad de conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles que participen en operaciones de defensa del Estado.
En el decreto, firmado en Santa Elena, Noboa sostiene que persisten amenazas contra la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social y la protección de la población, por lo que el Gobierno mantiene vigente la figura del conflicto armado interno en el país.
Nueva fase contra el crimen
Tras la firma del Decreto, Noboa anunció el inicio de una etapa de “ofensiva total” contra las organizaciones criminales que operan en Ecuador, en medio de la estrategia de seguridad impulsada por su Gobierno.
La declaración fue realizada durante un acto oficial en Santa Elena, donde el mandatario sostuvo que el país enfrentará una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Vamos a iniciar una etapa de ofensiva total, de guerra total”, afirmó Noboa.
Según el presidente, esta nueva etapa requerirá fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como reforzar los mecanismos de cooperación internacional.
Cooperación internacional en seguridad
La nueva disposición establece que Ecuador podrá recibir cooperación internacional para fortalecer las acciones destinadas a enfrentar estructuras consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
Además, dispone que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Estados cooperantes coordinen acciones orientadas a neutralizar organizaciones que, según el Ejecutivo, afectan la soberanía nacional, la seguridad ciudadana y el orden público. El documento no detalla qué países participarán en estas acciones ni el alcance específico de la cooperación prevista.
En este sentido, Noboa señaló que efectivos extranjeros podrán desplegarse en las provincias con mayores índices de violencia para trabajar de manera coordinada con el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“Hoy he firmado un decreto que fortalece la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador”, manifestó Noboa.
Según el presidente, la decisión es el resultado de varios meses de gestiones y conversaciones con gobiernos aliados, entre ellas reuniones mantenidas recientemente con autoridades de Estados Unidos.
“Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono”, afirmó.
El mandatario destacó además que organismos de inteligencia ecuatorianos trabajarán de manera coordinada con agencias y grupos especializados de otros países. “Nuestros sistemas de inteligencia van a tener que trabajar de manera coordinada con sistemas de inteligencia y con grupos de inteligencia internacionales”, manifestó.
Posibles indultos para militares y policías
Uno de los puntos centrales del decreto faculta al presidente de la República a conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y también a civiles que participen en operaciones relacionadas con la defensa del Estado.
Asimismo, el Ejecutivo exhorta a la Asamblea Nacional a analizar la posibilidad de otorgar amnistías a quienes hayan actuado en el contexto del conflicto armado interno.
La medida se suma a otras decisiones adoptadas por el Gobierno en el marco de la estrategia de seguridad implementada desde 2024 para enfrentar a las organizaciones criminales.
Personal extranjero tendrá inmunidades
El decreto también establece que el personal extranjero perteneciente a Estados cooperantes que participe en acciones vinculadas al conflicto armado interno gozará de inmunidades conforme a los acuerdos e instrumentos internacionales suscritos por Ecuador.
La disposición forma parte del esquema de cooperación planteado por el Ejecutivo para fortalecer las operaciones de seguridad en el territorio nacional.
Derogan decretos anteriores
Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 424, el Gobierno dejó sin efecto varios decretos relacionados con la declaratoria inicial del conflicto armado interno, entre ellos los decretos 111 de enero de 2024, 218 de abril de 2024 y 55 de julio de 2025.
La ejecución de la nueva medida quedó a cargo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La ratificación del conflicto armado interno se produce en medio de un escenario marcado por el incremento de hechos violentos y pocos días después de que el Gobierno decretara un nuevo estado de excepción en varias provincias y cantones del país.
Tres años bajo la figura del conflicto armado interno: ¿Qué los diferencia?
Ecuador inició 2024 inmerso en una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. La escalada de violencia se aceleró tras la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, hecho que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de excepción y adoptar medidas extraordinarias para enfrentar a las estructuras delictivas.
Después de la evasión de Fito —quien fue recapturado en 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos— el país vivió una sucesión de atentados, ataques armados, motines carcelarios y acciones violentas atribuidas a grupos criminales, lo que profundizó la crisis de seguridad.
En este contexto, la figura del conflicto armado interno se ha mantenido vigente durante tres años como parte de la estrategia estatal para combatir al crimen organizado y contener los niveles de violencia.
La primera declaratoria se produjo el 9 de enero de 2024, luego de que un grupo armado irrumpiera en las instalaciones de TC Televisión, en Guayaquil, durante una transmisión en vivo. Los atacantes ingresaron encapuchados, amenazaron al personal y mantuvieron bajo intimidación a trabajadores y periodistas mientras las cámaras seguían al aire.
A partir de ese hecho, el Gobierno declaró el conflicto armado interno y catalogó como organizaciones terroristas a 22 grupos delictivos organizados que operaban en el territorio nacional.
La medida generó debate dentro y fuera del país. La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió entonces que la aplicación de esta figura podría derivar en abusos por parte de las Fuerzas Armadas, al equiparar a las bandas criminales con actores de un conflicto bélico tradicional.
Posteriormente, el 16 de julio de 2025, Noboa ratificó la vigencia del conflicto armado interno mediante el Decreto Ejecutivo 55, sustentado en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. En ese documento se reconocía la persistencia de grupos armados organizados y se señalaba que continuaban presentes los elementos establecidos por la normativa para mantener esa condición.
La ley establece dos criterios fundamentales para determinar la existencia de un conflicto armado interno: el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de la violencia, conforme a los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Ese mismo decreto dispuso que el Centro Nacional de Inteligencia actualizara periódicamente la identificación de los grupos armados involucrados en el conflicto.
La más reciente decisión se produjo este 18 de junio, cuando el presidente firmó el Decreto Ejecutivo 424. La nueva disposición derogó los decretos anteriores, pero ratificó la existencia del conflicto armado interno en Ecuador bajo un nuevo marco jurídico.
Entre sus principales novedades, el decreto contempla la posibilidad de conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles que participen en operaciones relacionadas con la defensa del Estado. Además, establece mecanismos para fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
El documento también prevé que personal extranjero de países cooperantes pueda participar en acciones vinculadas al conflicto armado interno, gozando de las inmunidades contempladas en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Ecuador.
Con esta nueva disposición, el Gobierno busca reforzar la estrategia de seguridad en un escenario marcado por la persistencia de la violencia criminal y la creciente cooperación internacional para enfrentar a las organizaciones delictivas que operan en el país.
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