Penalizar la pobreza: el problema detrás de la crisis carcelaria en Ecuador

Por:  Selene López

La violencia inusitada la anterior semana en la cárcel de Latacunga, el amotinamiento simultáneo en las tres cárceles más grandes del país en marzo, el aumento de los asesinatos dentro de los centros penitenciarios son producto de una crisis que empezó hace mucho tiempo y que tiene raíces profundas en la sociedad, en las instituciones y en el modelo económico. Los enfrentamientos en las cárceles son la punta del iceberg de la profundización de pobreza y de desigualdad. Por ende, las acciones que está tomando el gobierno ahora tras los amotinamientos —cambiar al director de los centros penitenciarios, hacer requisas, reforzar la seguridad, instalar cámaras— son temporales y en algún momento dejarán de funcionar.

Repaso histórico

Durante las últimas décadas, tanto en países desarrollados y en vías de desarrollo, y con muy pocas excepciones como Canadá, Alemania, Austria y una parte de Escandinavia, el encarcelamiento ha aumentado en todas las sociedades posindustriales. Estados Unidos ha multiplicado por 5 la población carcelaria entre 1973 y 2000 convirtiéndose en el campeón del mundo con 750 presos por cada 100000 habitantes. La población carcelaria de Ecuador llegó a superar las 38.000 personas en 2020, una tendencia que se mantiene continuamente al alza desde 2010.

Antes de que la cárcel se convirtiera en un método de castigo correctivo de delincuentes, formaba parte de la política social. Hasta finales del siglo XVI, se fundaron hogares en Reino Unido, Francia, los Países Bajos, Suiza y algunas ciudades alemanas (Hamburgo, Lübeck, Múnich), con un marcado carácter asistencial y formativo: las autoridades no se limitaban a recluir a los grupos marginales de la sociedad (vagabundos, mendigos, borrachos, ladronzuelos o prostitutas) y tratarlos con férrea disciplina sino que procuraban darles una ocupación práctica. Las primeras cárceles no se inventaron en reacción al crimen sino por el auge y la propagación de la marginalidad urbana.

Encarcelar a los reclusos en una prisión para privarlos de su libertad durante un determinado periodo de tiempo, como consecuencia de haber cometido una conducta tipificada como delito, es un criterio de política que se implantó durante el siglo XVIII, por lo tanto, se trata de una institución relativamente moderna. La política social y penal se separaron para finales del siglo XX, pero si uno elabora un perfil de quienes están en las cárceles, la prisión sigue compuesta por los miembros más vulnerables de la sociedad: los desempleados, los que no tienen hogar, los migrantes, los drogadictos, los jóvenes sin educación, muchos de ellos de ascendencia afro, etc. Por ello, es importante ver a la prisión como una institución política, enmarcada en la capacidad central del estado que maneja la marginalidad y la pobreza, como lo fue en sus orígenes.

La política de la pobreza

El auge de las prisiones no está relacionado solamente con el aumento del crimen solamente, con la proliferación de la “lucha entre mafias” como suena entre la clase política y el discurso dominante que repiten los medios sino con la forma en que se ha estructurado el Estado en la era del neoliberalismo. Para que las cárceles de Ecuador y del mundo están repletas de PPLs, hubo dos movimientos previos en la configuración del estado: el primero es el repliegue del estado económico, es decir la desregulación de la economía o regulación a favor de las grandes empresas dejando en la indefensión a miles de trabajadores que cada vez están más precarizados. En las últimas décadas se ha normalizado el trabajo precario y flexible, por ejemplo vemos todos los días personas desempleadas convertidas en repartidores de aplicaciones como Uber, Glovo, Rappi, que se juegan la vida en peligrosas carreras a lo largo de la ciudad, no tienen sueldo fijo ni beneficios de ley, no tienen horario, no están asegurados, no tienen prestaciones. Hay un deterioro constante del empleo y sus condiciones que ponen en jaque a las familias ecuatorianas que día tras día con día buscan cubrir sus necesidades básicas, dentro de un mercado laboral cuyas dinámicas siguen propiciando largas jornadas y bajas remuneraciones.

Segundo, el achicamiento del estado social, los esfuerzos por erradicar y reducir la pobreza. Las políticas sociales que se han caracterizado por su discontinuidad, segmentación, predominio del criterio asistencial de protección, un limitado financiamiento y escasa dotación de recursos. La prisión, como bien plantea el sociólogo Loïc Wacquant, se convierte en una especie de aspiradora de las consecuencias de estos dos movimientos: desregularizar la economía y dejar de proteger a la población.

Lejos de ser una institución aislada, la prisión se encuentra simultáneamente vinculada a una multiplicidad de instituciones sociales y fuerzas, ellas mismas interconectadas: la política económica, la falta de distribución de la riqueza, la falta de protección de los trabajadores, es decir, la política del estado social de bienestar y la política penal son dos caras de la misma moneda de la política de pobreza, reconociendo que tratan a la misma población y despliegan los mismos tipos discursivos y técnicas administrativas.

Las innumerables “declaraciones de emergencia” y la demagogia política

La “tolerancia cero a la delincuencia”, las “declaratorias de emergencia”, las muestras de mano dura son maquinarias significantes que ayudan a proyectar la fortaleza de un gobernante cuando se ha abandonado sistemáticamente las funciones de protección económica y social del estado. Los mismos actores que en el pasado exigían “menos Estado” en materia económica y social y que, de hecho, lograron reducir las prerrogativas y exigencias de la colectividad frente al mercado, reducen convenientemente lo que ocurre en las cárceles a un enfrentamiento entre mafias. Bien dice Loïc Wacquant que la política mundial de “tolerancia cero” es la punta de lanza de la penalización de la pobreza.

Tras las masacres en las cárceles, en redes sociales mucha gente intentaba justificar los hechos diciendo que eran “criminales” y ”que es problema de ellos”. Autoridades de elección popular pidieron que se reubiquen las cárceles o que tengan PPLs sólo de la zona. Estos discursos podrían ser la más peligrosa de todas las consecuencias porque estamos deshumanizando y penalizando a los pobres que están en las cárceles, llegando a creer que no merecen la misma dignidad que el resto de la población. Hay que empezar por reconocer que las personas privadas de libertad son parte de la misma sociedad en la que vivimos las personas que no estamos dentro del sistema penitenciario.

Los actores políticos no ponen en el centro del debate lo importante: desigualdad y pobreza, ni siquiera los que están en oposición y que defienden la necesidad de avanzar hacia modelos redistributivos y de justicia social. Muchos actores se quedaron en la superficie,  en el tema de la agresión sexual a la policía en la cárcel de Cotopaxi, que es hecho terrible, pero cuyas raíces son más profundas. Cuatro años después de aplicar políticas de austeridad, de precarizar el empleo, de aumentar el desempleo, de desmantelar la política de erradicación de la pobreza ¿los sectores progresistas no tienen algo más que decir?

Y desde varias funciones del Estado, la respuesta es insuficiente o inexistente. Cuando surgieron los escándalos de corrupción en plena emergencia sanitaria en el IESS, hospitales, gobiernos locales, la Fiscalía creó una Fuerza de Tarea para fortalecer las capacidades técnicas, investigativas y operativas de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Hay alguna fuerza de tarea investigando cómo ingresan las armas a las cárceles?, es decir, las redes de extorsión y corrupción de las instituciones: policía, fiscalía, jueces ¿Hay fuerza de tarea investigando la corrupción histórica del sistema judicial? ¿Hay fuerza de tarea analizando el abuso de la prisión preventiva?

Fortalecer las prisiones como instituciones contundentes y brutales no resolverá el problema del delito sino que simplemente lo esconde y desplaza; la encarcelación no reduce la reincidencia ni la criminalidad, el encarcelamiento es mucho más costoso que las respuestas alternativas y de reinserción. La reinserción tampoco se logra solamente desde la cárcel. Hay que integrar a la gente con trabajo e igualdad de oportunidades desde un inicio para prevenir los delitos. Es por eso que la reacción de utilizar el Estado penal para tratar de contener la violencia y el crimen fracasa porque no toca la causa que es la inseguridad social y económica. Si se deja que la inseguridad económica y social siga ahí, forzosamente habrá inseguridad criminal. Y se pueden aumentar controles dentro de las carceles, se pueden construir más cárceles, multiplicar por dos, por tres, por cinco y poco se logrará sino hay una reforma integral de todas las funciones implicadas en el problema.

Posibles soluciones

¿Cómo se resuelve la crisis carcelaria? reduciendo el número de personas en las cárceles. Parece una respuesta simple pero para que no existan personas en las cárceles, lo fundamental es adoptar políticas tempranas para prevenir el cometimiento de delitos. No se puede separar el la política penal y la política social sino que hace falta agarrarlos, explicarlos y resolverlos juntos, reconectar políticas sociales y penales y tratarlas como dos variantes de la pobreza.  Y debemos cambiar nuestra concepción del estado de una agencia reactiva a una proactiva ya que al tener políticas de empleo digno, salud, vivienda, de educación muy activas es la mejor lucha contra la criminalidad.

La crisis en los centros penitenciarios no mejorará de un día al otro, peor si las soluciones no atacan las raíces del problema. Hacen falta políticas de largo plazo, facilitar una articulación de la institucionalidad que maneja las cárceles hacia los rectores de la política de desarrollo social. Hay que tener la voluntad política, aunque no haya una caída inmediata de la criminalidad, de sostener un nuevo Estado social en el cual los bienes públicos esenciales, la educación, la salud, la seguridad, la vivienda y el transporte sean provistos en una cuota mínima a todo el mundo. Hay que inventar nuevos programas que permitan distribuir de la manera más igualitaria posible esos bienes fundamentales para tener una sociedad democrática.

Bibliografía

Loïc Wacquant, 2003, “La penalización de la pobreza y el surgimento del neo-liberalismo”.

– 2008,  “La militarización de la marginalidad urbana: lecciones desde la metrópolis brasileña,” Estado penal y derechos humanos 1-1, (primavera),  Buenos Aires.

– 2011,  “El cuerpo, el gueto y el Estado penal”.

Primicias EC, 2019, “Mayoría de presos tiene menos de 30 años y un 40% no tiene sentencia”: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/sistema-carcelario-todo-mal-informe/