Priscila Schettini, esposa del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en entrevista para el noticiero “A Primera Hora”, de Majestad Radio, rechazó la forma cómo se ha manejado la instrucción fiscal por el presunto delito de agresión sexual en contra del funcionario, quien permanece detenido desde el 16 de mayo: “No hay pruebas para que acusen a Freddy Carrión de agresión sexual”.
Schettini aseguró que la instrucción fiscal ha estado llena de irregularidades, citando que la madrugada del domingo 16 de mayo, tras los incidentes protagonizados por el Defensor del Pueblo, el exministro de Salud, Mauro Falconí García, y una mujer que participó en una reunión social, se tomaron 14 versiones, las cuales contienen diversos testimonios que no coinciden con los hechos: “hablan de pelea, de violación al toque de queda, de agresión… La supuesta víctima dijo que buscó a 4 agresores, primero en el piso 2, luego en el piso 10… Durante 12 horas nadie dijo que existía agresión sexual, y menos se había señalado a Freddy Carrión… La víctima comentó que había sido posiblemente violada por personas ajenas a la reunión”.
Schettini aseguró que inicialmente el Defensor del Pueblo no estuvo detenido, y que ingresó a la clínica la mañana del domingo sin ningún resguardo policial: “lo aprehenden después de las 11h45, cuando el Sr. Falconí comienza a cambiar las versiones”. En este punto, Schettini reveló que a la presunta víctima le hicieron el examen médico legal 4 días después de los hechos, cuando en temas de agresión sexual, dijo, se deben hacer en el mismo día.
Añadió que Freddy Carrión no participó de una reunión social, sino que, desde hace varios días atrás, el exministro Falconí le había estado insistiendo en un encuentro para presentarle denuncias sobre la vacunación VIP: “Le insistieron que vaya al domicilio de Mauro Falconí para que puedan conversar allí… No estaba prevista ninguna reunión social… Lo que están haciendo es crear un caso, y le tendieron una trampa”.
Priscila Schettini aseguró que hay una coartada en contra de Freddy Carrión, tras señalar que desde el año 2019, el Defensor del Pueblo ha recibido amenazas permanentes por su accionar al frente de la institución.
