Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento político, calificó como un “secuestro” la detención de la excandidata presidencial, exigió su liberación inmediata y anunció acciones ante organismos internacionales. También informó que González está siendo trasladada a Quito, donde se espera que avance el proceso judicial del caso Laberinto.

La presidenta de Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, anunció este jueves, 22 de octubre, que el movimiento convocará a movilizaciones para exigir la liberación de Luisa González, detenida durante la madrugada en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Durante una rueda de prensa, Rivadeneira calificó la detención como un supuesto “secuestro” y responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa por lo que considera una actuación arbitraria contra una de las principales figuras del correísmo.

La dirigente informó que González está siendo trasladada a Quito y pidió a la militancia y a la ciudadanía mantenerse pendientes de los anuncios sobre las próximas concentraciones. “Convocamos a la movilización de nuestra militancia y de la ciudadanía indignada para acompañar este proceso de definitiva liberación de nuestra compañera”, manifestó.

Rivadeneira denuncia supuesto secuestro y exige garantías para González

La presidenta de Revolución Ciudadana expresó su preocupación por la integridad física y psicológica de la excandidata presidencial y cuestionó que las autoridades no hubieran informado oportunamente sobre su ubicación. “Es la integridad de nuestra dirigente y candidata presidencial Luisa González, la misma que ha sido secuestrada por este gobierno y lo digo tal cual, porque no hay razones de fondo”, declaró.

Según Rivadeneira, el equipo jurídico de González enfrentó dificultades para obtener información sobre la detención y conocer las actuaciones judiciales en su contra.

La dirigente aseguró que los abogados habían recibido una notificación inicial sobre el proceso, pero cuestionó las condiciones en las que se ejecutó la aprehensión.

En un comunicado, Revolución Ciudadana también denunció que inicialmente se desconocía el lugar donde permanecía González y que su defensa técnica no había podido acceder a ella.

Posteriormente, Rivadeneira informó que la excandidata estaba siendo trasladada a Quito, aunque no proporcionó detalles sobre el establecimiento donde permanecería bajo custodia.

Fiscalía investiga presunto lavado de activos en el caso Laberinto

La detención de González se produjo durante los operativos ejecutados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en las provincias de Pichincha y Manabí.

Las diligencias forman parte del caso Laberinto, una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad durante la campaña presidencial de 2023.

Según la Fiscalía, el proceso busca esclarecer inconsistencias en los aportes económicos y determinar el origen lícito de los recursos utilizados en ese período electoral.

El Ministerio Público informó que siete personas están bajo investigación y anunció que formulará cargos contra tres de ellas por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Entre las personas vinculadas con la investigación también Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la RC, quien se encuentra en la cárcel por el delito de violación a una menor de edad, y Estefanía Molina, quien llevaba el manejo económico de la campaña. Además de ellos, según la página de la Fiscalía, también es investigado Andrés Arauz, pero no se ha confirmado su detención.

Revolución Ciudadana cuestiona investigación por fondos electorales

Durante su intervención, Rivadeneira sostuvo que la investigación estaría relacionada con observaciones sobre las cuentas de la campaña presidencial de 2023 que, según afirmó, ya habían sido atendidas ante las autoridades electorales.

La dirigente aseguró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) impuso una sanción económica que posteriormente fue cancelada.

“El Tribunal Contencioso Electoral impuso una multa económica que fue cancelada en su totalidad por nuestro binomio y los involucrados en el proceso judicial. Y ahora resulta que reabren la causa”, cuestionó.

En su comunicado, Revolución Ciudadana sostuvo que el procedimiento penal estaría relacionado con una supuesta discrepancia administrativa de USD 6.100 en las cuentas de campaña.

El movimiento considera que utilizar una investigación penal por lavado de activos para abordar esas observaciones constituye una forma de persecución política.

Sin embargo, no se ha establecido que la sanción electoral mencionada por Rivadeneira y los hechos investigados en el caso Laberinto sean jurídicamente equivalentes.

Correísmo anuncia acciones ante organismos internacionales

La presidenta de la Revolución Ciudadana informó que llevará sus denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos. En su pronunciamiento, el movimiento anunció la activación de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de solicitar garantías para González.

La organización también señaló que pondrá en conocimiento de instancias internacionales sus denuncias sobre presuntas vulneraciones de derechos y actuaciones judiciales contra dirigentes políticos. Rivadeneira afirmó que estos organismos ya cuentan con antecedentes de denuncias relacionadas con la situación política y judicial del Ecuador.

Durante la rueda de prensa, mencionó los casos de Jorge Glas, Aquiles Alvarez, Cristian Zamora y Vicky Villacís como parte de sus cuestionamientos al Gobierno. La dirigente sostuvo que las actuaciones contra estas figuras responderían a un patrón de persecución contra la oposición, una acusación que no ha sido establecida judicialmente.

La noticia sobre la aprehensión de Luisa González fue difundida inicialmente por el expresidente Rafael Correa, quien a las 04:58 de este jueves publicó en su cuenta de X: “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!”.

Posteriormente, fuentes policiales confirmaron a medios nacionales que la excandidata había sido detenida en Canuto, Manabí, por agentes de una unidad investigativa de Quito.

Según reportes preliminares, González habría sido trasladada al hospital Napoleón Dávila, en Chone, para una evaluación médica y posteriormente a una dependencia policial de ese cantón, antes de que se conociera su traslado a la capital.

La excandidata presidencial también figura en otras investigaciones, entre ellas el caso Caja Chica, relacionado con presuntos recursos de origen ilícito destinados a la campaña electoral de 2023. No se ha informado que ambas causas formen parte de un mismo expediente judicial.

Geovanni Atarihuana expresa apoyo a Luisa González y acusa al Gobierno de perseguir a la oposición

Durante la rueda de prensa, Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, expresó su solidaridad con Luisa González y exigió su inmediata liberación, tras la detención de la excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, ocurrida este jueves.

El dirigente acusó al Gobierno de Daniel Noboa de utilizar las instituciones judiciales y electorales para debilitar a sus adversarios políticos. “No podemos permitir que se consolide una dictadura”, afirmó Atarihuana durante su pronunciamiento, en el que llamó a las fuerzas políticas, organizaciones sociales y ciudadanía a defender el derecho a elegir libremente a sus autoridades.

Además, cuestionó la detención de González, quien es investigada por la Fiscalía General del Estado en el caso Laberinto, relacionado con presunto lavado de activos y posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

El dirigente sostuvo que el Gobierno estaría recurriendo a acciones judiciales contra sus opositores ante la posibilidad de sufrir derrotas electorales. “Queremos expresar en primer lugar nuestra solidaridad con Luisa González y reclamamos su inmediata libertad”, manifestó.

También aseguró que la oposición política no constituye un delito y criticó la gestión del Ejecutivo en asuntos como la seguridad, el abastecimiento de medicamentos y el sistema eléctrico. A su juicio, las acciones contra dirigentes opositores buscarían desviar la atención de los problemas nacionales. Estas acusaciones corresponden a la posición política de Atarihuana y no constituyen hechos judicialmente establecidos.

El director de Unidad Popular aseguró además que su organización también ha enfrentado procedimientos que considera intentos de limitar su participación electoral.

Recordó que, según su versión, en marzo de 2026 se intentó cancelar a Unidad Popular y se suspendió a Revolución Ciudadana. También mencionó actuaciones contra el movimiento Amigo en julio.

Atarihuana sostuvo que existiría un patrón de utilización de organismos judiciales y electorales para afectar a movimientos y candidaturas opositoras. “Lo que está en juego no es solamente el derecho de participación de las fuerzas políticas. Está en juego el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir de forma libre entre las diversas opciones”, señaló.

En ese contexto, insistió en que la selección de prefectos, alcaldes y otras autoridades debe responder a la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El dirigente concluyó su intervención con un llamado a ampliar la unidad política y social más allá de las organizaciones que integran la alianza electoral en Quito.

Pidió a los sectores democráticos y a la ciudadanía pronunciarse frente a lo que considera restricciones a la participación política. “Es hora de plantar con fuerza la unidad para defender la democracia”, manifestó.