JUSTICIA NACIONALES SEGURIDAD

Dictan prisión para 13 personas vinculadas a Comandos de la Frontera

Un tribunal sentenció a cinco personas a 13 años de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General las vinculó con los Comandos de la Frontera. Además, otras 8 personas recibieron penas de 10 años por participar en la misma estructura criminal.

La investigación determinó que esta red se dedicaba al tráfico de drogas, armas y lavado de activos. Según el expediente, operaban en la frontera norte y estarían detrás de varios hechos delictivos cometidos entre 2023 y 2024.

Las detenciones ocurrieron a finales de agosto de 2024, durante un operativo ejecutado en cinco provincias: Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Orellana y Sucumbíos. En esa acción, 16 ciudadanos ecuatorianos fueron aprehendidos, algunos con antecedentes por narcotráfico y tenencia de drogas.

Grupo señalado por ataques armados y vínculos internacionales

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron siete vehículos de alta gama, 29 celulares, 16 armas de fuego, municiones, computadoras y más de USD 100 000 en efectivo. La Policía sostuvo que esta organización estaba “implicada en una serie de actividades ilícitas de alta gravedad, incluyendo secuestro, extorsión, sicariato y tráfico de armas y de explosivos no autorizados”.

Los informes policiales también relacionan a la banda con el envío de cocaína hacia México y España. En enero de este año, cuatro personas más se sumaron al proceso. Entre ellas figura Roberto Carlos Álvarez Vera, detenido en Abu Dabi en junio y considerado cabecilla de la red en Ecuador. Está a la espera de su extradición.

En abril, un juez sobreseyó a tres procesados y llamó a juicio a 17. De ellos, 13 recibieron sentencia el 12 de julio.

A este grupo armado también se le atribuye la emboscada en Alto Punino, entre Orellana y Napo, donde murieron 11 militares ecuatorianos y tres agresores. Según el Gobierno, los Comandos de la Frontera se aliaron con Los Lobos para controlar rutas de droga y minería ilegal. Tras esa masacre, el presidente Daniel Noboa los calificó como “enemigos del Estado” dentro del conflicto armado interno declarado a inicios de 2024.

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