El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según una sentencia divulgada este viernes.
El documento señala que la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien leerá el fallo a partir de las 14:00 hora local (19:00 GMT), resolvió imponer a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Uribe, «el hombre más poderoso del país», según la jueza que lo condenó en primera instancia, se convirtió en el primer exmandatario en llegar a esta instancia.
Según la jueza, las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un «fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal».
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y es una de las figuras más influyentes de la política nacional, fue señalado por ofrecer beneficios a personas privadas de libertad a través de intermediarios, con el propósito de alterar sus declaraciones en procesos judiciales que lo involucran.
Según el fallo, el exmandatario habría instruido a su abogado, Diego Cadena, para contactar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en Bogotá, con el fin de evitar que declarara sobre los supuestos vínculos de Uribe con grupos armados ilegales en Antioquia. Además, la estrategia buscaba que Monsalve acusara al senador Iván Cepeda de haber fabricado pruebas en contra del exjefe de Estado.
El caso, que se remonta a 2012, se originó cuando Uribe presentó una denuncia contra Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la investigación dio un giro con la recolección de nuevas evidencias, lo que provocó que Cepeda pasara de ser el acusado a la parte denunciante, mientras Uribe pasó a ser investigado formalmente.
La jueza Heredia consideró que el primer acto de soborno quedó debidamente acreditado, al haberse comprobado que Cadena actuó en representación de Uribe al ofrecer prebendas a detenidos para alterar sus testimonios.
Riesgos para la independencia judicial
Ante la magnitud del caso y las tensiones políticas que ha generado, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia expresó su respaldo a la jueza Sandra Heredia y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de seguridad a su alrededor. En un comunicado, la organización judicial subrayó la importancia de garantizar la autonomía de los jueces y la integridad del proceso.
«Es fundamental preservar la independencia de quienes imparten justicia», indicó el gremio, que pidió al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura mantener los mecanismos de protección necesarios ante posibles amenazas o presiones externas.
Este proceso convierte a Álvaro Uribe en el primer expresidente colombiano que enfrenta una condena penal en primera instancia. El caso sigue generando fuertes repercusiones en el panorama político y judicial del país, donde el debate sobre la responsabilidad penal de figuras públicas de alto perfil permanece al centro de la agenda nacional.
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