El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió este miércoles no admitir a trámite el proyecto de Ley sobre libertad de expresión presentado por la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Camila León.
La decisión fue adoptada por unanimidad, con siete votos, y se sustentó en argumentos de carácter político, según informó el secretario general de la Asamblea Nacional, Giovanny Bravo.
La propuesta, ingresada el 15 de enero, planteaba una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para modificar el tratamiento de las contravenciones relacionadas con expresiones consideradas ofensivas, especialmente cuando estas se dirigen a funcionarios públicos. Sin embargo, no superó el filtro inicial del CAL, instancia encargada de calificar los proyectos antes de su trámite legislativo.
Contenido de la propuesta: cambios al artículo 396 del COIP
El proyecto buscaba reformar el artículo 396 del COIP, que regula las contravenciones de cuarta clase. Actualmente, esta norma establece penas privativas de libertad de 15 a 30 días para quienes, por cualquier medio —incluidas las tecnologías de la información—, emitan expresiones de descrédito o deshonra mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil, sean o no periodistas.
La propuesta de León incorporaba un texto específico para los casos en los que ciudadanos cuestionen o critiquen a servidores públicos.
El planteamiento exigía que los jueces verifiquen previamente si las manifestaciones constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público, aplicando estándares constitucionales y del sistema interamericano de derechos humanos.
Argumentos de la asambleísta proponente
Según Camila León, la reforma tenía como objetivo llenar vacíos legales y ofrecer mayor protección a periodistas, denunciantes y ciudadanos, obligando a los operadores de justicia a evaluar si una expresión está amparada por la libertad de expresión antes de iniciar procesos penales.
El texto incluía una disposición general que ordenaba aplicar un test de proporcionalidad —idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto— conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente cuando las expresiones estén dirigidas a autoridades en el ejercicio de sus funciones.
Pese a estos argumentos, el CAL resolvió archivar el proyecto, impidiendo que continúe su trámite legislativo. La decisión se adoptó en un contexto político sensible y generó debate sobre el alcance de las reformas penales relacionadas con la libertad de expresión.
León aseguró que elaboró la propuesta de forma individual, aunque señaló que contó con el respaldo de legisladores de su bancada durante su presentación.
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