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Ana Belén Marín: “Tuvimos que incluir el cobro de diezmos como una prohibición legal de los asambleístas”

La asambleísta de Alianza PAIS Ana Belén Marín, se declaró gratamente sorprendida por la decisión del Ejecutivo de no vetar y sancionar favorablemente el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

En entrevista para el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, Marín destacó tres ejes de la nueva normativa. Transparencia, trámite de leyes y cambios administrativos.

Sobre transparencia, las reformas disponen la elaboración de un Código de Ética y la integración de un Comité de Ética, con 5 asambleístas para un período de dos años. Con el fin de tramitar denuncias sobre posibles violaciones de los legisladores a las prohibiciones legales. Allí, la novedad fue la inclusión del cobro de diezmos como causal para una eventual sanción a un asambleísta. “Es como poner que no se pueden decir malas palabras, pues son valores y principios, pero lamentablemente este ha sido un ejercicio recurrente en la Función Legislativa desde hace mucho tiempo atrás, y ahora apuntamos a rescatar el nivel de la Asamblea”.

Ana Belén Marín

Sobre el segundo eje, se precisan nuevos tiempos para el trámite de los proyectos de ley ordinarios. Con los que se dispone que los asambleístas deban construir una agenda de trabajo, con metas, lineamientos y tiempos de ejecución.

En cuando al tercer eje, Marín explicó que se aumenta de 13 a 15 las comisiones legislativas permanentes, a fin de definir la especialización de cada una. La fiscalización será una comisión permanente, y ya no especial. En este punto, añadió, se definen tiempos máximos para la calificación de pedidos de juicio político, por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y su envío a la Comisión de Fiscalización, donde, además, todos sus informes deberán necesariamente ser conocidos por el Pleno de la Legislatura.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa serán una realidad, tras dos intentos fallidos. En 2012, un primer proyecto fue objetado totalmente por el entonces presidente Rafael Correa, y en 2017, hubo otro veto total por parte del presidente Lenín Moreno.