Por: Annabell Guerrero, abogada y activista
¿Está el Ecuador cerca de un escenario de violencia contra las mujeres similar al ocurrido en Ciudad Juárez, durante el lapso comprendido entre 1993 y 2008? A juzgar por el número de víctimas, la forma de los crímenes y la desidia del Estado; estamos muy cerca.
Desde que el Código Orgánico Integral Penal entró en vigor en el año 2014, hasta la fecha, se han perpetrado en el país alrededor de 1400 femicidios. El año 2022, uno de los más sangrientos para las mujeres, se contaron 332 víctimas; y, en lo que va del presente año, 55 mujeres que han sido cruelmente asesinadas (Fuente: Fundación Aldea).
A estas cifras debemos sumar la baja y casi nula inversión del presidente Guillermo Lasso en el ámbito social, lo que ha propiciado deplorables condiciones de vida para las y los ecuatorianos; ello ha generado un círculo vicioso en el que se reproduce la pobreza.
Realidad que conlleva la falta de acceso a educación, empleo y servicios de salud; migración masiva, alto índice de muertes violentas, robos, extorsiones y dominio de territorios por parte de grupos delincuenciales. En medio de esta debacle, este 7 de abril fueron encontrados los cuerpos de tres jóvenes mujeres de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, enterrados a orillas del río Esmeraldas, a cuarenta minutos del cantón Quinindé.
Esta noticia conmocionó al país por la violencia exacerbada con la que se cometió este triple femicidio, lo que nos obliga a exigir con mayor fuerza al Estado ecuatoriano que cumpla con su rol de garante de nuestros derechos e investigue y sancione a los responsables; de no hacerlo, las consecuencias sociales que se generen serán grandes y profundas.
En los casos de femicidios suscitados en el país, confluyen la falta de políticas públicas de prevención, la debida diligencia en las investigaciones y la revictimización. Características que, por ejemplo, estuvieron presentes en el caso del femicidio de María Belén Bernal Otavalo, en el cual, fue evidente el espíritu de cuerpo y el apoyo incondicional de funcionarios del gobierno hacia la Policía Nacional; con el fin de precautelar la imagen institucional y de suscribir el nulo interés en establecer la verdad de los hechos. De no haber sido por la presión de la familia, del movimiento de mujeres y las organizaciones sociales; así como de los medios de comunicación, el crimen de María Belén se habría silenciado dentro de las cuatro paredes del Castillo de Grayskull, apelativo adjudicado al edificio en donde se alojaban los instructores de la Escuela Superior de la Policía, lugar donde al momento en que el crimen fue perpetrado, no había cámaras de seguridad. En ese inmueble, Bernal fue brutalmente asesinada.
Es lamentable que, en la mayoría de los casos de femicidios cometidos en el Ecuador se reproduzcan patrones que tienen un solo objetivo: la impunidad. Estos patrones están estrechamente relacionados con lo que ocurre con los asesinatos de mujeres en otros países de la región. Entre los casos con mayores rasgos de similitud, se encuentran los de Ciudad Juárez, en donde, al igual que aquí, prevalecen la violencia estructural y la negligencia institucional.
Los femicidios en nuestro país no cesan. Tal como sucedió en Juárez, fueron precisamente factores como la falta de investigación (incluso el encubrimiento) y sanción a los responsables lo que propició el cometimiento de más crímenes. Estos niveles de criminalidad no pueden seguir escalando. El Gobierno Nacional y el Estado en su conjunto, deben tomar medidas urgentes para frenar esta ola de violencia que afecta, primordialmente a niñas, adolescentes y mujeres; que nos arrebata la vida de nuestras hijas, hermanas y madres.
Por todas nuestras muertas ¡Pedimos justicia!
Opinión en Primera Plana.