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José Serrano: “la ley anticorrupción incorpora tres nuevos tipos de delitos”

El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, José Serrano, destacó el contenido de la denominada “Ley Anticorrupción”, que aprobó el pleno del Legislativo la noche del martes 15 de diciembre, con 127 votos a favor.

En entrevista para el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, Serrano explicó que si esta normativa, que incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), hubiese estado en vigencia, se habría logrado enfrentar con eficiencia varios de los delitos contra la administración pública denunciados en el contexto de la pandemia por Covid-19. “Durante la emergencia sanitaria, la Contraloría ha determinado sobreprecios de hasta 9.000% en contratos de emergencia. La prensa publicó 414 noticias relacionadas con los delitos de peculado y concusión. Esto hay que atacar”.

Según el legislador, el proyecto incorpora y clarifica tres tipos penales. Estos son: obstrucción de la justicia, actos de corrupción en el sector público, y evasión de procedimientos de contratación pública. Sobre el primero, Serrano explicó que busca evitar que acusados y abogados dilaten las investigaciones y el curso de los procesos judiciales. Acerca del segundo, incorpora la figura de peculado para el sector privado. Finalmente, el tercero, enfrenta situaciones de emergencia o excepción, que muchas veces los funcionarios aprovechan para contratos a dedo, sin concurso.

El proyecto de ley

Este proyecto condensó en un solo cuerpo normativo, siete iniciativas distintas, cinco de las cuales propusieron asambleístas y dos el Ejecutivo. Contiene 25 artículos, una disposición general, una transitoria y once disposiciones que reforman las Leyes del Sistema Nacional de Contratación Pública y de la Contraloría General del Estado. En el segundo debate participaron 20 asambleístas, presentando observaciones.

El Presidente de la República tiene 30 días para pronunciarse sobre la sanción favorable o veto de esta iniciativa. El gobierno tiene la urgencia de poner en vigencia la norma, pues es uno de los requisitos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un segundo desembolso de USD 2.000 millones antes que finalice el año.