Uno de cada cuatro pacientes atendidos en el sistema sanitario nacional llega por accidentes de tránsito. El Estado ecuatoriano invierte cerca de USD 280 millones anuales para cubrir esta crisis de salud pública.

En el marco del Día Mundial de la Salud, organizaciones de la sociedad civil alertaron que los siniestros de tránsito se han convertido en la segunda causa de atención médica en Ecuador, solo superada por eventos clínicos. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el 25% de las atenciones registradas a enero de 2026 corresponden a estos eventos prevenibles.

Impacto financiero y presión hospitalaria

La atención a víctimas de siniestralidad vial representa una carga económica de aproximadamente USD 280 millones cada año para el presupuesto público. De este monto, USD 201 millones se destinan exclusivamente a atención médica en la Red Pública Integral de Salud y la red privada complementaria.

Los USD 79 millones restantes se distribuyen en compensaciones, pensiones y costos administrativos. Gladys Meléndez, vocera de la Coalición Movilidad Segura, señaló que esta problemática “compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional” y traslada una presión enorme a hospitales y servicios de emergencia.

Cifras de siniestralidad y concentración territorial

Durante el año 2025, la Agencia Nacional de Tránsito contabilizó 20.346 siniestros viales a escala nacional. Estos eventos dejaron un saldo de 17.932 personas con lesiones y 2.354 ciudadanos fallecidos en el lugar del incidente.

La problemática presenta una alta concentración territorial, pues 10 provincias acumularon el 90,05% de los siniestros en 2025. Las zonas con mayor recurrencia incluyen a Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Tungurahua, Manabí, Azuay, Los Ríos, Santa Elena y El Oro.

A enero de 2026, la mayor carga sanitaria por estos eventos se focaliza en ciudades y provincias específicas como Quito, Guayaquil, Tungurahua, Chimborazo, El Oro, Sucumbíos, Los Ríos y Azuay.

Llamado a la prevención estatal

Las organizaciones TANDEM y la Coalición por la Movilidad Segura enfatizaron la necesidad de tratar la seguridad vial como una prioridad estatal. Meléndez insistió en que “invertir en seguridad vial también es invertir en salud”, ya que reducir los siniestros permite liberar recursos que hoy se destinan a una crisis prevenible.

“Los siniestros viales no solo ocurren en las vías: también se atienden en salas de emergencia, quirófanos, camas hospitalarias y procesos de rehabilitación que pueden extenderse por meses o años”, concluyó la vocera. El llamado conjunto exige acciones integrales de fiscalización, educación y el fortalecimiento de la atención post siniestro para proteger a las familias ecuatorianas.